La reciente Ley 2/2023, de 20 de febrero, regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Esta ley tiene una funcionalidad prioritaria, y es la protección del informante, prima la confidencialidad y anonimato de la persona que realiza la denuncia. Es más, se esmera en hablar de “información” y no de “denuncia”, lo cual resta al acto de informar parte de la negatividad de la palabra denuncia.
Por ello hablaremos de Canal de informaciones, pese a que cada empresa puede denominarlo como mejor prefiera. De esta forma se convierte, además de en una obligación para la mayor parte de empresas, en una herramienta vital para las organizaciones que desean promover un ambiente de trabajo seguro y ético.
Sin embargo, este canal no puede ser realmente efectivo, y cumplir la ley, sin un soporte tecnológico adecuado. El registro de estas informaciones se debe poder hacer por escrito o de forma verbal, no siendo obligatorio implantar ambas opciones. Si adaptamos un buzón físico o si recibimos los registros mediante correo postal o electrónico no garantizamos que el informante pueda ser anónimo.
Pero si implantamos un formulario electrónico al cual se pueda acceder desde la web de la empresa sí estaremos garantizando el anonimato, si es que es lo que desea el informante. Y los posibles informantes se sentirán mucho más motivados y seguros a la hora de tomar la decisión de realizar la denuncia.
No es necesario darle la opción al informante de hacer seguimiento ni darle más feedback que la confirmación de que se ha recibido la denuncia. De todas formas sí recomendamos hacerlo, ya que se puede realizar de forma sencilla asignándole al registro un número aleatorio y único, de forma que los informantes puedan acceder a una pantalla donde hacer seguimiento de su denuncia. Esto no se puede hacer si el canal no está digitalizado. Por eso desde Apptitudinal recomendamos implantar un Canal de informaciones digitalizado.